CONSIDERACIONES CRÍTICAS
SOBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006 -2010,
CAPÍTULO EDUCACIÓN
Elaborado por profesores de la Universidad Pedagógica Nacional
Presentación
Las demandas mundiales de la globalización están obligando a los estados a reformar sus políticas. Más allá de esto, asistimos de facto a la transformación de un mundo determinado en su cultura por la economía. Hasta ahora, la universidad había mantenido una relación discrecional con esta tendencia y los efectos que su práctica social produce sobre la vida de las personas, situación de la que, al parecer, no puede escapar por el momento.
El Estado colombiano, nada ajeno a las nuevas condiciones de existencia de los países en sus relaciones internacionales y nacionales, hace de las políticas mundiales y de los marcos normativos, el nuevo horizonte para el reordenamiento de las funciones de la educación superior y de manera especial de la universidad pública.
En este sentido, el “Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010”, conocido como “Estado Comunitario. Desarrollo para Todos” (PND), se funda en la concepción de una economía neoliberal, como mecanismo operativo, que responde a las funciones estatales de vigilancia, inspección, regulación, decisión, planeación, control y diseño de políticas.
De hecho, la función pública del Estado de Bienestar Social, que implica velar por la realización efectiva de los derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a gozar de un ambiente sano para todos los ciudadanos colombianos, desaparece. Entonces, el Estado desplaza la política de responsabilidad pública, trasladándola a las corporaciones, organizaciones y empresas, a saber, el sector privado de la economía y de la producción industrial.
En esta perspectiva, el PND 2006-2010 (Cap. 1, p. 2) recoge los principios de la política neoliberal, en donde el Estado colombiano cumple un papel determinante en tres direcciones:
Primero: Proveer un ambiente adecuado para el crecimiento económico basado en el favorecimiento del capital nacional y trasnacional.
Segundo: Generar las condiciones operativas, materiales y prácticas necesarias para que respondan a las concepciones de crecimiento económico, liberalización del mercado, apertura de las fronteras nacionales y de relaciones comerciales internacionales. En particular, en estos aspectos, el Estado colombiano cumple la función de garante de los derechos, asegurando que los beneficios del crecimiento se distribuyan a toda la población.
Tercero: Poner en marcha las políticas a través de una serie de estrategias traducidas en planes, programas y proyectos que favorezcan su instalación, montaje y operación en términos del llamado desarrollo sostenible, sentando las bases fiscales, institucionales, normativas y procedimentales para garantizar el desarrollo de las actividades productiva y económica ajustadas a las condiciones de vida actual. Este PND 2006 - 2010 define al Estado colombiano como un Estado Comunitario, instrumento adecuado para lograr estos fines
Así pues, estos principios se concretan en seis programas, que tienen que ver con el “mejoramiento de la capacidad de gestión de las instituciones de educación superior” y “la participación activa del sector productivo y el sector privado”:
1. Promoción y fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica
2. Desconcentración de la oferta de educación superior
3. Financiamiento de la población pobre para el acceso a la educación superior
4. Transformación del financiamiento de la educación superior oficial
5. Generación de alianzas entre las instituciones del sistema, para extender la oferta de programas de educación superior con la participación del sector productivo y de las entidades territoriales
6. Finalizar el proceso de evaluación de los programas del SENA, para profundizar su articulación con las Instituciones de Educación Superior (IES)
La educación técnica y tecnológica prepara “recursos humanos”, en el marco de la globalización capitalista, y somete al país a la condición de proveedor de fuerza de trabajo, sin posibilidad para la generación de conocimiento técnico y científico propio, que le permita competir de manera igualitaria en el concierto internacional, máxime si se considera el momento histórico contemporáneo en el que el valor agregado más importante es el conocimiento.
¿Por qué el énfasis en la educación técnica y tecnológica? La clase dirigente colombiana se suscribe de manera acrítica a la política de apertura neoliberal y considera innecesaria la formación avanzada para el conjunto de la población, toda vez que, de manera práctica, piensa que lo que en materia de ciencia y tecnología puede producirse en el mundo con fines de desarrollo económico y social, ya lo han producido o lo producirán las sociedades desarrolladas.
Así, al país no le queda otra salida que aceptar su incapacidad en estas materias y debe concentrarse en lo que los “gurús” de la economía nacional dan en llamar las “ventajas comparativas”, que, para nuestro caso, no serían otras que las de ser proveedores de mano de obra barata y técnicamente cualificada.
En ese contexto, la política educativa vehicula las fuerzas productivas de la nación para ponerlas al servicio del sistema de maquila mediante la intervención de las compañías transnacionales a través del PND 2006-2010, situación que ya se viene implementando en los últimos quince (15) años con el propósito de canalizar, aprovechar y explotar de manera eficaz el trabajo de las poblaciones de nuestros países a bajos costos.
El énfasis mayor en educación técnica y tecnológica en detrimento de la formación superior universitaria, so pretexto de permitir el acceso de los sectores más pobres y vulnerados de la sociedad, condena a la sociedad entera a la dependencia y excluye la capacidad creativa, propositiva e innovadora de la población como factor determinante del desarrollo autónomo.
Este marco inicial de reflexión evidencia una serie de problemas que directamente conciernen a la educación superior:
1. La intervención de la economía de mercado que determina el mundo de la educación, que se ordena cuando se establece la condición de mutua afectación entre la universidad, el sistema nacional de producción económica y la constitución de la población en capital humano.
2. El alcance, las implicaciones y las obligaciones que surgen del conjunto de reformas constitucionales, legales, reglamentarias y técnicas aplicadas por el Estado colombiano, y la realización de procesos administrativos de reestructuración del sector educativo nacional, incluidas las universidades públicas, quienes quedan sujetas a decisiones influidas por el sector económico y productivo del país en asocio con el sector financiero y administrativo.
Al parecer, estas decisiones pretenden favorecer el acceso a la educación de los sectores más pobres y mejorar la calidad de la educación superior. Sin embargo, existe un afán por reordenar las instituciones públicas con arreglo a los principios de eficiencia, eficacia y efectividad de las decisiones que se toman.
Asimismo, la vida institucional universitaria queda incluida en las metas centrales del PND 2006 - 2010, en cuanto a la política de ampliación de cobertura y de acceso. Por otro lado, el Estado se compromete a garantizar la educación inicial, básica primaria y secundaria de un segmento de la población escolar situada entre el grado cero y el grado noveno, aclarando que responde “por los más pobres de los pobres”. La educación media, media técnica, tecnológica, universitaria y avanzada es responsabilidad de las familias.
Los análisis, las consideraciones y los debates en la universidad sobre el PND, en materia de educación superior, se han centrado en las siguientes implicaciones:
1. La actual situación de peligro en que se encuentra la universidad pública, dada la política de desfinanciación del Estado y la autofinanciación de las IEDs que el PND pone en marcha.
2. La universidad pública, como resultado del PND, se ve abocada a un proceso de reestructuración administrativa, académica, de gestión y de control, y la sitúa en la perspectiva de la privatización
3. La universidad pública dirige su acción al desarrollo de competencias, destrezas y habilidades correspondientes con el mundo del saber técnico instrumental, en detrimento de otro tipo de saberes, tales como los sociales, artísticos y filosóficos.
4. La universidad pública, según el PND, debe privilegiar el saber científico y técnico sobre el saber social, artístico y filosófico. Es decir, prima la ciencia y la tecnología como política educativa e investigativa.
IMPLICACIONES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
IMPLICACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
La existencia de la universidad pública, dada la política de desfinanciación y autofinanciación del PND Se evidencia la creciente tendencia hacia la autofinanciación de la universidad, vía reforma de Ley de transferencias, impuesto a los egresados, tasa retributiva de estudiantes y alza en matriculas.
Se requiere que la universidad ingrese al mundo de la competitividad y la internacionalización de la educación superior, mediante la privatización, las alianzas estratégicas con otras universidades nacionales e internacionales y con el sector productivo económico .
Se dan dos años de plazo a las universidades públicas para reformar la estructura financiera, administrativa y de costos .
Se deben realizar los análisis financieros correspondientes a los costos reales de la educación de los estudiantes universitarios.
Se debe poner a paz y salvo con la deuda pública , lo cual contempla ponerse al día con el pasivo pensional .
Se sujeta el acceso a la educación superior a la demanda educativa y a partir de ella se establece la oferta.
Se pierde el régimen especial de la Universidad pública.
Se somete a la universidad a la libre competencia del mercado, en virtud a la modificación de la Ley 80 poniéndola en desventaja frente a la contratación privada.
IMPLICACIONES ACADÉMICAS
La universidad pública está dirigida al desarrollo de competencias, destrezas y habilidades correspondientes al mundo del saber técnico instrumental en detrimento de otro tipo de saberes, tales como los sociales, artísticos y filosóficos.
Se sujeta la política académica a la política de la formación de competencias laborales.
Se pierde el valor social del diploma profesional que certifica, acredita y expide la universidad.
Se privilegia la certificación, acreditación y titulación de los saberes por parte del SENA como la Organización Nacional del Conocimiento por excelencia. Algo así como la institucionalización del supraministerio de la educación .
Se fortalece la realización profesional por desempeños según la economía mundial, en la medida en que se dominan habilidades de índole técnica, interpersonal y metodológica.
Se pierde la formación crítica, histórica, estética, filosófica, literaria y política de los sujetos sociales.
Se privilegian las habilidades técnicas como la alfabetización, el dominio de idiomas extranjeros, las matemáticas, las ciencias, la resolución de problemas y la capacidad analítica.
Se naturalizan como los únicos valores sociales las habilidades interpersonales del trabajo en equipo, del liderazgo y de las competencias de comunicación.
Se valoran las habilidades metodológicas que abarcan la capacidad de aprender por cuenta propia y de asumir una práctica de aprendizaje permanente para poder enfrentar los riesgos y el cambio .
Se reducen los sujetos a la condición de Capital humano .
Se concibe la formación en ciencia y tecnología en la lógica de la razón técnico-instrumental.
Se privilegia la investigación básica y aplicada capaz de producir resultados industriales y comercializables.
Se privilegia la educación virtual frente a la educación presencial.
El saber y el conocimiento se transmiten una vez este ha sido traducido a códigos de la información.
Se privilegia la formación interdisciplinaria en detrimento de la formación disciplinar.
3. IMPLICACIONES DE GESTIÓN Y CONTROL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
La universidad pública se ve abocada, como resultado del PND, a un proceso de reestructuración administrativa, académica, de gestión y de control, lo cual implica y la sitúa en la perspectiva de la privatización
Se requiere que, para su modernización, la universidad cumpla con cuatro elementos básicos:
1. Reporte de información
2. Descentralización de las instituciones de educación técnica y tecnológica
3. Implementación de sistemas integrados de gestión
4. Fortalecimiento de la capacidad organizativa, administrativa y de gestión de sus órganos directivos
Se requiere que la universidad genere mecanismos que agilicen los procesos administrativos, financieros y académicos, mediante:
1. Cualificación de estrategias de información
2. Circulación de la información de forma ordenada, ágil y pertinente según las necesidades de las instituciones.
3. Reducción de la educación a la condición de prestación de un servicio y con el estatus de mercancía, estableciendo relaciones de dependencia entre vendedor (universidad) y cliente (estudiantes) que deben autoevaluarse en función de la satisfacción de este ultimo. Puede presumirse que éste, a su vez, hijo de una cultura neoliberal, no desea otra cosa que ser formado en ciencia y tecnología, que es lo que considera realmente útil para su inserción exitosa en el mundo laboral.
Se requiere que la universidad privilegie los indicadores cuantitativos frente a los cualitativos y se valore en términos de la relación éxito – fracaso.
Se requiere que la universidad prevea un cambio de modelo de contratación de docentes de planta, y aparecen nuevas figuras de contratación para docentes ocasionales y catedráticos con el propósito de reducir aún más los costos de funcionamiento.
jueves, 5 de julio de 2007
martes, 26 de junio de 2007
Dispositivos de Desmonte de la Universidad Pública.
Dispositivos de Desmonte de la Universidad Pública.
A propósito de los Informes de “Riesgo” de la Defensoría y del Ministerio del Interior y Justicia, sobre las Universidades Públicas de Bogotá D.C.
Frank Molano Camargo
Docente Departamento de Ciencias Sociales
Universidad Pedagógica Nacional
Rigoberto Rueda Santos
Docente Departamento de Historia
Universidad Javeriana
1. Informes y lecturas en pugna sobre la Universidad Pública y sus conflictos
El 15 de diciembre de 2006, la Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como consecuencia del conflicto armado (Sistema de Alertas Tempranas SAT), dio a conocer un análisis que caracteriza el riesgo por el conflicto armado en las 5 universidades públicas de Bogotá. Al comenzar el 2007 se conoció que sobre el Informe de la Defensoría, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), en el que están el Ministerio del Interior y Justicia y el Ministerio de Defensa, emitió un conjunto de recomendaciones destinadas a las directivas universitarias y que van en contravía de las propuestas y sugerencias de la Defensoría.
La Defensoría plantea que, a pesar de la presencia de expresiones del conflicto armado en las universidades, no es posible desdibujar su carácter público:
“La sociedad Colombiana le ha dado a la Universidad Publica para facilitar el cumplimiento de sus tareas, el derecho a darse y modificar sus estatutos y reglamentos, a gobernarse con autonomía designando desde su propia entraña a sus autoridades académicas y administrativas; es de su propia naturaleza el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra, la enseñanza, el aprendizaje, la investigación la creación artística y la controversia ideológica y política, de crear, ordenar y desarrollar sus programas académicos y de extensión, definir y organizar sus políticas y labores formativas, seleccionar a sus profesores y empleados, admitir a sus alumnos y adoptar los correspondientes reglamentos, otorgar títulos, establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus misión social y su función institucional. La autonomía se extiende a la definición de los actos de gobierno de los órganos de la Universidad.”
En consonancia con esta definición, la Defensoría reconoce que en los últimos tiempos se han intensificado elementos de orden discursivo y regulativo orientados a estigmatizar la divergencia, el pensamiento crítico, la organización y la protesta social en la Universidad.
“…en declaraciones públicas, agentes del Estado y sectores de los medios de comunicación han identificado como ilegales las actividades de protesta desarrolladas por sectores de la comunidad universitaria, con el afán de estigmatizarlos públicamente, por el solo hecho de defender el carácter de la universidad, y lo socialmente conseguido para ella. Estas manifestaciones, expresadas en contextos de violencia política, fuerte polarización o alta conflictividad social, emiten un mensaje equivocado a los actores armados ilegales, quienes hipotéticamente hablando encontrarían en estas declaraciones razones y justificaciones, para determinar equivocadamente que los claustros universitarios son un escenario en disputa o un territorio en guerra, y en consecuencia se sentirían habilitados para atentar contra la población en riesgo…”.
Es por esto que la Defensoría plantea mecanismos que posibilitan abordar la problemática del conflicto en las universidades, sin menoscabo de su carácter público y autónomo, esto es evidente en varias de las recomendaciones propuestas por la Defensoría.
2.- A las autoridades universitarias y de Bienestar Universitario coordinar con las entidades del Estado, encargadas de la protección de los derechos fundamentales, adoptar los planes o medidas, previamente concertadas con la comunidad universitaria, para la seguridad de los lideres estudiantiles, trabajadores y docentes.
4.- A las autoridades universitarias para el fortalecimiento institucional: promover escenarios y mecanismos de coordinación interinstitucional, en especial gobierno universitario y ministerio público; adoptar medidas para fortalecer los niveles de autonomía universitaria y la participación democrática de la comunidad universitaria en los asuntos que los afectan; promover programas para la difusión, el respeto y realización de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
5.- A la autoridad universitaria, para el fortalecimiento social de la comunidad: Desarrollar procesos participativos con la comunidad universitaria para la elaboración de planes de prevención; implementar acciones de reconocimiento y apoyo a procesos organizativos de la comunidad universitaria; brindar garantías para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la comunidad universitaria; promover mecanismos para la resolución pacifica de conflictos, en especial estimular el fortalecimiento y la creación de espacios que permitan la regulación de conflictos intrauniversitarios.
Como respuesta a este informe, el CIAT propuso otro informe y otras conclusiones, orientadas al recorte de la autonomía universitaria y que centran en la aplicación de medidas represivas contrarias a la garantía del derecho a la educación: militarización de las universidades públicas, infiltración de agentes de los organismos de inteligencia, ampliación de la red de informantes entre docentes, trabajadores y estudiantes, sembrando desconfianza y temor y amordazando el pensamiento disidente en el seno de una comunidad deliberativa y crítica por excelencia.
El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, cuestionó estas medidas represivas que desconocen el espíritu del informe de la Defensoría. "Nos preocupó mucho que se pudiera acudir a un mecanismo de esas características, propios de la inteligencia y de algunos organismos del Estado, para los centros universitarios".
Pero lo que hace el CIAT es institucionalizar el discurso de estigmatización y las propuestas de represión que desde el presidente y el vicepresidente de la República , pasando por las fuerzas de seguridad del Estado , hasta directivas universitarias comparten.
El Informe del CIAT es sintomático de un plan de largo alcance cuya intencionalidad es el desmonte del proyecto histórico de universidad pública: carácter público, laico, garante de la libertad de cátedra, con autonomía y responsabilidad financiera estatal, defensora del cogobierno y la extraterritorialidad.
2. Dispositivos de desmonte de la Universidad Pública
El modelo que busca reemplazar la universidad pública es impulsado por dos fuerzas complementarias: el mercado y la seguridad democrática. Los dispositivos de desmonte operan como instrumentos y lógicas de ordenamiento y producción de una manera distinta de ser y hacer en la Universidad. Tales dispositivos son:
- Criminalización: tratamiento del universitario disidente como enemigo interno, como “otro” peligroso
Este dispositivo descansa en las doctrinas de contrainsurgencia, que consideran que las diversas formas de oposición y crítica al orden imperante, son “virus” ajenos a la universidad. La disidencia se entiende como infiltración externa “que provoca en el organismo social un tumor, un cáncer, que debe ser extirpado, es decir, eliminado, suprimido, aniquilado”. Se asume como campo enemigo el espacio universitario y como enemigos internos a los y las universitarios y universitarias.
En este sentido el espacio de la universidad pública y en general el de los jóvenes, es tratado por las fuerzas de seguridad del Estado, por las fuerzas paramilitares y por numerosos directivos universitarios como territorio enemigo, en el que los cuerpos, los gestos, las palabras y el pensamiento disidente, deben ser examinados, vigilados y luego expiados (represivamente) de toda culpa. Esto justifica las sanciones disciplinarias para quienes incumplan la normatividad que pasa de la regulación a la represión.
En nombre del orden, la paz, la democracia se emprende la depuración ideológica a partir del nombramiento de autoridades encargadas de excluir docentes, trabajadores, representantes estudiantiles; así como las condiciones consideradas propicias al desorden y la subversión (lecturas, actividades culturales, grupos de trabajo e investigación) incrementando, oficialmente la delación y judicialización de maestros y estudiantes “sospechosos” y extraoficialmente las amenazas, asesinatos y terror por parte de paramilitares u otras fuerzas de esta índole..
Diversos agentes sociales sugieren que el “territorio enemigo” sea militarizado, y que las dinámicas académicas, se desarrollen bajo el ejercicio severo de la vigilancia y la obediencia.
- Despolitización: espacios y tiempos universitarios gestionados “eficiente” y tecnocraticamente
Simultáneamente a la criminalización, se produce el desmonte de los elementos críticos construidos en la universidad pública. Esto se logra con la transferencia de las lógicas de la universidad privada a la dinámica de lo público. La despolitización desintegra el proyecto nacional y democrático de Universidad Pública, impulsando una división entre Universidades de excelencia (o de investigación), universidades profesionalizantes y universidades técnicas y tecnológicas, con el argumento que la tarea básica y única del sistema universitario es aportar a la formación de recursos profesionales que incidieran en el desarrollo económico nacional.
Paro esto se copta, como operadores políticos de este tipo de universidad, a docentes y autoridades académicas, que con anterioridad habían manifestado posturas críticas y/o pertenecían a sectores progresistas. El modelo les ofrece incentivos y seguridades, del tamaño de sus ambiciones, que el pensamiento crítico no puede ni aspira a saciar.
La despolitización del espacio universitario y su reemplazo por la eficiencia, reduce la relación social del estudiar al esencialismo instrumental de recibir clase. Por eso se percibe como contrario a la universidad, las posturas críticas, los murales, las asambleas, las marchas.
- Mercantilización: el sistema universitario se convierte en un servicio comercializable
El Plan Nacional de Desarrollo y la “Revolución Educativa” de Uribe profundizaron el ajuste neoliberal de la Universidad Pública, defendiendo e implementando las políticas neocoloniales impulsadas por la OMC, para la comercialización internacional de los servicios educativos, empezando un giro para convertir las universidades en empresas rentables (o en su defecto inviabilizarlas, cerrarlas y venderlas), autofinanciadas, generadoras de excedentes, cumplidoras de las metas de calidad y cobertura y sometidas a la vigilancia estatal-global del control de estándares de calidad, esto desnacionaliza la agenda educativa, y con esto se busca que sean las fuerzas del mercado las que orienten, sin ningún cuestionamiento los procesos académicos, investigativos y administrativos de las universidades.
Un primer elemento de la mercantilización es la reorientación de la financiación del sistema público universitario, la Visión 2019 de Uribe Vélez afirma que la Universidad Pública es “financiada atendiendo a criterios históricos, que son insensibles al desempeño de las instituciones, a su grado de eficiencia, a la pertinencia de sus programas, a los resultados de la acreditación o a cualquier otro factor que pudiera inducir a las universidades a mejorar su desempeño. Este financiamiento inercial (con un aumento automático del gasto de año a año, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30 de 1992) hace que el Estado entregue recursos pero no tenga control sobre ellos”. Esto es justificado con el argumento que el sistema de financiación favorece la inequidad: los estratos altos van a las instituciones oficiales y los bajos a las instituciones privadas.
De ahí que la propuesta sea que los nuevos mecanismos de financiación sean la asignación presupuestal según evaluación de la calidad: resultados; ampliación del crédito estatal a las instituciones (públicas o privadas), pues esto moviliza recursos hacia el sector privado que está atendiendo a la población pobres; retribución de egresados según sus ingresos, y mayor participación de entidades territoriales.
Un segundo elemento de la mercantilización es la creación de un mercado educativo que atienda a las necesidades del empresariado (los grupos monopólicos criollos y multinacionales). La educación superior debe ofrecer programas “como respuesta directa a las necesidades del sector productivo”, estructurarando los currículos por competencias en los programas técnicos y tecnológicos. Las áreas claves que le reclama el modelo económico son: biodiversidad y los recursos genéticos, biotecnología e innovación agroalimentaria y agroindustrial, enfermedades infecciosas prevalentes en áreas tropicales, los materiales avanzados y la nanotecnología. También áreas donde se están produciendo grandes transformaciones tecnológicas, como telecomunicaciones, metalmecánica y electrónica.
Aquí se plantea una estructura dual y jerarquizada, por una parte, la universidad de excelencia, encargada de la formación de doctores y la preparación de personas que puedan dedicarse a dichas actividades; por otra parte, la preparación de profesionales, técnicos, tecnólogos y personal calificado que demandará el sector productivo en un contexto de libre comercio internacional.
El tercer elemento de la mercantilización es la gestión eficiente: cumplimiento de estándares, competencias, evaluación, cobertura, autofinanciación.
La tarea es desactivar los dispositivos de desmonte para producir una propuesta de Reforma Universitaria Democrática
La tarea es de trabajo colectivo y el reto es la defensa de la existencia de la universidad como espacio social construido como público, democrático, laico, pluralista, abierto al pensamiento universal y a los otros saberes. Eso es lo que está en juego. Para garantizar su continuidad, se requiere la acumulación de fuerza social universitaria que pueda producir la desactivación de los dispositivos que atentan contra la universidad pública y la construcción de un proyecto alternativo a partir de una Reforma Universitaria Democrática, que propugne por nuevos modelos en la gestión, la academia, la investigación, la relación con la sociedad y el mundo, como postura capaz de confrontar la mercantilización y con la exigencia al Estado y a las directivas universitarias del respeto a la vida, a la libertad de pensamiento y a la libertad de organización y movilización.
Bogotá, D.C.
Marzo de 2007
A propósito de los Informes de “Riesgo” de la Defensoría y del Ministerio del Interior y Justicia, sobre las Universidades Públicas de Bogotá D.C.
Frank Molano Camargo
Docente Departamento de Ciencias Sociales
Universidad Pedagógica Nacional
Rigoberto Rueda Santos
Docente Departamento de Historia
Universidad Javeriana
1. Informes y lecturas en pugna sobre la Universidad Pública y sus conflictos
El 15 de diciembre de 2006, la Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como consecuencia del conflicto armado (Sistema de Alertas Tempranas SAT), dio a conocer un análisis que caracteriza el riesgo por el conflicto armado en las 5 universidades públicas de Bogotá. Al comenzar el 2007 se conoció que sobre el Informe de la Defensoría, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), en el que están el Ministerio del Interior y Justicia y el Ministerio de Defensa, emitió un conjunto de recomendaciones destinadas a las directivas universitarias y que van en contravía de las propuestas y sugerencias de la Defensoría.
La Defensoría plantea que, a pesar de la presencia de expresiones del conflicto armado en las universidades, no es posible desdibujar su carácter público:
“La sociedad Colombiana le ha dado a la Universidad Publica para facilitar el cumplimiento de sus tareas, el derecho a darse y modificar sus estatutos y reglamentos, a gobernarse con autonomía designando desde su propia entraña a sus autoridades académicas y administrativas; es de su propia naturaleza el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra, la enseñanza, el aprendizaje, la investigación la creación artística y la controversia ideológica y política, de crear, ordenar y desarrollar sus programas académicos y de extensión, definir y organizar sus políticas y labores formativas, seleccionar a sus profesores y empleados, admitir a sus alumnos y adoptar los correspondientes reglamentos, otorgar títulos, establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus misión social y su función institucional. La autonomía se extiende a la definición de los actos de gobierno de los órganos de la Universidad.”
En consonancia con esta definición, la Defensoría reconoce que en los últimos tiempos se han intensificado elementos de orden discursivo y regulativo orientados a estigmatizar la divergencia, el pensamiento crítico, la organización y la protesta social en la Universidad.
“…en declaraciones públicas, agentes del Estado y sectores de los medios de comunicación han identificado como ilegales las actividades de protesta desarrolladas por sectores de la comunidad universitaria, con el afán de estigmatizarlos públicamente, por el solo hecho de defender el carácter de la universidad, y lo socialmente conseguido para ella. Estas manifestaciones, expresadas en contextos de violencia política, fuerte polarización o alta conflictividad social, emiten un mensaje equivocado a los actores armados ilegales, quienes hipotéticamente hablando encontrarían en estas declaraciones razones y justificaciones, para determinar equivocadamente que los claustros universitarios son un escenario en disputa o un territorio en guerra, y en consecuencia se sentirían habilitados para atentar contra la población en riesgo…”.
Es por esto que la Defensoría plantea mecanismos que posibilitan abordar la problemática del conflicto en las universidades, sin menoscabo de su carácter público y autónomo, esto es evidente en varias de las recomendaciones propuestas por la Defensoría.
2.- A las autoridades universitarias y de Bienestar Universitario coordinar con las entidades del Estado, encargadas de la protección de los derechos fundamentales, adoptar los planes o medidas, previamente concertadas con la comunidad universitaria, para la seguridad de los lideres estudiantiles, trabajadores y docentes.
4.- A las autoridades universitarias para el fortalecimiento institucional: promover escenarios y mecanismos de coordinación interinstitucional, en especial gobierno universitario y ministerio público; adoptar medidas para fortalecer los niveles de autonomía universitaria y la participación democrática de la comunidad universitaria en los asuntos que los afectan; promover programas para la difusión, el respeto y realización de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
5.- A la autoridad universitaria, para el fortalecimiento social de la comunidad: Desarrollar procesos participativos con la comunidad universitaria para la elaboración de planes de prevención; implementar acciones de reconocimiento y apoyo a procesos organizativos de la comunidad universitaria; brindar garantías para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la comunidad universitaria; promover mecanismos para la resolución pacifica de conflictos, en especial estimular el fortalecimiento y la creación de espacios que permitan la regulación de conflictos intrauniversitarios.
Como respuesta a este informe, el CIAT propuso otro informe y otras conclusiones, orientadas al recorte de la autonomía universitaria y que centran en la aplicación de medidas represivas contrarias a la garantía del derecho a la educación: militarización de las universidades públicas, infiltración de agentes de los organismos de inteligencia, ampliación de la red de informantes entre docentes, trabajadores y estudiantes, sembrando desconfianza y temor y amordazando el pensamiento disidente en el seno de una comunidad deliberativa y crítica por excelencia.
El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, cuestionó estas medidas represivas que desconocen el espíritu del informe de la Defensoría. "Nos preocupó mucho que se pudiera acudir a un mecanismo de esas características, propios de la inteligencia y de algunos organismos del Estado, para los centros universitarios".
Pero lo que hace el CIAT es institucionalizar el discurso de estigmatización y las propuestas de represión que desde el presidente y el vicepresidente de la República , pasando por las fuerzas de seguridad del Estado , hasta directivas universitarias comparten.
El Informe del CIAT es sintomático de un plan de largo alcance cuya intencionalidad es el desmonte del proyecto histórico de universidad pública: carácter público, laico, garante de la libertad de cátedra, con autonomía y responsabilidad financiera estatal, defensora del cogobierno y la extraterritorialidad.
2. Dispositivos de desmonte de la Universidad Pública
El modelo que busca reemplazar la universidad pública es impulsado por dos fuerzas complementarias: el mercado y la seguridad democrática. Los dispositivos de desmonte operan como instrumentos y lógicas de ordenamiento y producción de una manera distinta de ser y hacer en la Universidad. Tales dispositivos son:
- Criminalización: tratamiento del universitario disidente como enemigo interno, como “otro” peligroso
Este dispositivo descansa en las doctrinas de contrainsurgencia, que consideran que las diversas formas de oposición y crítica al orden imperante, son “virus” ajenos a la universidad. La disidencia se entiende como infiltración externa “que provoca en el organismo social un tumor, un cáncer, que debe ser extirpado, es decir, eliminado, suprimido, aniquilado”. Se asume como campo enemigo el espacio universitario y como enemigos internos a los y las universitarios y universitarias.
En este sentido el espacio de la universidad pública y en general el de los jóvenes, es tratado por las fuerzas de seguridad del Estado, por las fuerzas paramilitares y por numerosos directivos universitarios como territorio enemigo, en el que los cuerpos, los gestos, las palabras y el pensamiento disidente, deben ser examinados, vigilados y luego expiados (represivamente) de toda culpa. Esto justifica las sanciones disciplinarias para quienes incumplan la normatividad que pasa de la regulación a la represión.
En nombre del orden, la paz, la democracia se emprende la depuración ideológica a partir del nombramiento de autoridades encargadas de excluir docentes, trabajadores, representantes estudiantiles; así como las condiciones consideradas propicias al desorden y la subversión (lecturas, actividades culturales, grupos de trabajo e investigación) incrementando, oficialmente la delación y judicialización de maestros y estudiantes “sospechosos” y extraoficialmente las amenazas, asesinatos y terror por parte de paramilitares u otras fuerzas de esta índole..
Diversos agentes sociales sugieren que el “territorio enemigo” sea militarizado, y que las dinámicas académicas, se desarrollen bajo el ejercicio severo de la vigilancia y la obediencia.
- Despolitización: espacios y tiempos universitarios gestionados “eficiente” y tecnocraticamente
Simultáneamente a la criminalización, se produce el desmonte de los elementos críticos construidos en la universidad pública. Esto se logra con la transferencia de las lógicas de la universidad privada a la dinámica de lo público. La despolitización desintegra el proyecto nacional y democrático de Universidad Pública, impulsando una división entre Universidades de excelencia (o de investigación), universidades profesionalizantes y universidades técnicas y tecnológicas, con el argumento que la tarea básica y única del sistema universitario es aportar a la formación de recursos profesionales que incidieran en el desarrollo económico nacional.
Paro esto se copta, como operadores políticos de este tipo de universidad, a docentes y autoridades académicas, que con anterioridad habían manifestado posturas críticas y/o pertenecían a sectores progresistas. El modelo les ofrece incentivos y seguridades, del tamaño de sus ambiciones, que el pensamiento crítico no puede ni aspira a saciar.
La despolitización del espacio universitario y su reemplazo por la eficiencia, reduce la relación social del estudiar al esencialismo instrumental de recibir clase. Por eso se percibe como contrario a la universidad, las posturas críticas, los murales, las asambleas, las marchas.
- Mercantilización: el sistema universitario se convierte en un servicio comercializable
El Plan Nacional de Desarrollo y la “Revolución Educativa” de Uribe profundizaron el ajuste neoliberal de la Universidad Pública, defendiendo e implementando las políticas neocoloniales impulsadas por la OMC, para la comercialización internacional de los servicios educativos, empezando un giro para convertir las universidades en empresas rentables (o en su defecto inviabilizarlas, cerrarlas y venderlas), autofinanciadas, generadoras de excedentes, cumplidoras de las metas de calidad y cobertura y sometidas a la vigilancia estatal-global del control de estándares de calidad, esto desnacionaliza la agenda educativa, y con esto se busca que sean las fuerzas del mercado las que orienten, sin ningún cuestionamiento los procesos académicos, investigativos y administrativos de las universidades.
Un primer elemento de la mercantilización es la reorientación de la financiación del sistema público universitario, la Visión 2019 de Uribe Vélez afirma que la Universidad Pública es “financiada atendiendo a criterios históricos, que son insensibles al desempeño de las instituciones, a su grado de eficiencia, a la pertinencia de sus programas, a los resultados de la acreditación o a cualquier otro factor que pudiera inducir a las universidades a mejorar su desempeño. Este financiamiento inercial (con un aumento automático del gasto de año a año, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30 de 1992) hace que el Estado entregue recursos pero no tenga control sobre ellos”. Esto es justificado con el argumento que el sistema de financiación favorece la inequidad: los estratos altos van a las instituciones oficiales y los bajos a las instituciones privadas.
De ahí que la propuesta sea que los nuevos mecanismos de financiación sean la asignación presupuestal según evaluación de la calidad: resultados; ampliación del crédito estatal a las instituciones (públicas o privadas), pues esto moviliza recursos hacia el sector privado que está atendiendo a la población pobres; retribución de egresados según sus ingresos, y mayor participación de entidades territoriales.
Un segundo elemento de la mercantilización es la creación de un mercado educativo que atienda a las necesidades del empresariado (los grupos monopólicos criollos y multinacionales). La educación superior debe ofrecer programas “como respuesta directa a las necesidades del sector productivo”, estructurarando los currículos por competencias en los programas técnicos y tecnológicos. Las áreas claves que le reclama el modelo económico son: biodiversidad y los recursos genéticos, biotecnología e innovación agroalimentaria y agroindustrial, enfermedades infecciosas prevalentes en áreas tropicales, los materiales avanzados y la nanotecnología. También áreas donde se están produciendo grandes transformaciones tecnológicas, como telecomunicaciones, metalmecánica y electrónica.
Aquí se plantea una estructura dual y jerarquizada, por una parte, la universidad de excelencia, encargada de la formación de doctores y la preparación de personas que puedan dedicarse a dichas actividades; por otra parte, la preparación de profesionales, técnicos, tecnólogos y personal calificado que demandará el sector productivo en un contexto de libre comercio internacional.
El tercer elemento de la mercantilización es la gestión eficiente: cumplimiento de estándares, competencias, evaluación, cobertura, autofinanciación.
La tarea es desactivar los dispositivos de desmonte para producir una propuesta de Reforma Universitaria Democrática
La tarea es de trabajo colectivo y el reto es la defensa de la existencia de la universidad como espacio social construido como público, democrático, laico, pluralista, abierto al pensamiento universal y a los otros saberes. Eso es lo que está en juego. Para garantizar su continuidad, se requiere la acumulación de fuerza social universitaria que pueda producir la desactivación de los dispositivos que atentan contra la universidad pública y la construcción de un proyecto alternativo a partir de una Reforma Universitaria Democrática, que propugne por nuevos modelos en la gestión, la academia, la investigación, la relación con la sociedad y el mundo, como postura capaz de confrontar la mercantilización y con la exigencia al Estado y a las directivas universitarias del respeto a la vida, a la libertad de pensamiento y a la libertad de organización y movilización.
Bogotá, D.C.
Marzo de 2007
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